La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en segunda lectura la normativa que modifica la Ley 225-20 o Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, legislación que fue promulgada hace cinco años, pero que, por la magnitud del problema, se alteró nuevamente para enfrentar el problema de la basura en la República Dominicana.
Los diputados sesionaron en la tarde para conocer la pieza en primera lectura. De inmediato, convocaron a una asamblea extraordinaria para validar la pieza, la cual recibió la mayoría de los votos.
El siguiente paso es regresarla al Senado, donde fue aprobada en enero de 2025. Ahí se revisarán las modificaciones y se conocerá nuevamente.
Cuando los senadores la validaron recibieron quejas de sectores interesados. Para curarse en salud, una comisión de diputados, no solo se reunió con esos grupos, sino también con el Ministerio de Medio Ambiente, el presidente Luis Abinader y los propios senadores para diseñar una pieza lo más consensuada posible.
Los cambios
Entre las modificaciones, está el artículo 154 para que los foam se biodegraden en un 20 % del primer año y el 90 % en cinco años. El proceso de autodestrucción deberá comprobarse en un laboratorio y mediante auditorías anuales.
Además, los fabricantes deben contar con un certificado y cumplir con las normas internacionales sobre esos fines.
El mismo proceso debe cumplir las importadoras de plásticos. Para eso, la Dirección General de Aduanas (DGA) será responsable del control de las certificaciones al momento de la importación de los productos.
Además, la ley establece que solo se permitirá un vertedero por provincia y, en cuanto a las procesadoras, solo habrá una por cada 10 regiones —ubicadas en un radio de 70 kilómetros— salvo la región Ozama, que es la más poblada.
- Asimismo, la normativa obligará a los fabricantes de cemento a incorporar el reciclaje, con el uso de combustibles derivados de residuos sólidos nacionales como combustible alternativo en sus calderas.
Las cuotas: muchas para unos, pero pocos para la magnitud de problemas
Los diputados bajaron el monto de las contribuciones para el manejo de los residuos que establecieron los senadores; aun así, hubo quejas: las empresas con ingreso de hasta un millón de pesos pagarán tres mil pesos; los que ganen hasta 10 millones pagarán 6,000 pesos.
También, las que reporten hasta 25 millones pagarán una cuota de 20,000 pesos. Las que ganen hasta 100 millones pagarán 675,000. Esa última cifra por debajo a los dos millones de pesos fue que fijaron en el Senado.
- Los aportes serán deducidos de las rentas brutas e indexadas anualmente mediante el índice de precios al consumidor (IPC) del Banco Central.
Algunos legisladores pidieron reducir los montos, sin embargo, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados — quien también estudió la pieza antes del 2020— indicó que esas cuotas son de las más bajas de Latinoamericana.
Incluso, advirtió que la ley debería ser modificada en un futuro cercano para aumentar las tarifas si es verdad que se desea acabar con el problema de la basura en el país.
Además, se modifica el artículo 38 para que, entre los objetivos de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, esté operar el fondo de la «gestión integral de residuos sólidos, a la operación de estaciones de transferencia, cierre de vertederos a cielo abierto, rellenos sanitarios, proyectos integrados y transporte de transferencia en virtud de lo establecido en la presente ley».
Sanciones
- El Ministerio de Medio Ambiente está facultado para establecer sanciones administrativas a los incumplidores.
- En el caso de infracciones muy graves, las multas van de 100 hasta 1,000 salarios mínimos del sector público, excepto en residuos sólidos peligrosos, que será de mil a unos a tres mil salarios mínimos y trabajo comunitario de dos a 30 días.
