El Senado convirtió en ley este lunes el proyecto de compras y contrataciones públicas, un marco legal sometido por el Poder Ejecutivo a fin de castigar a los funcionarios que amañen su declaración jurada y hagan negocios con el Estado.
Algunos legisladores consideraron que era injusta, ya que, al tener sus hijos prohibido hacer negocios con el Estado, estos han tenido que emigrar al extranjero, según indicaron algunos.
En ese sentido, el senador Antonio Marte (Santiago Rodríguez-Primero la Gente) sometió una propuesta para modificar el artículo 38 de la propuesta para que los vástagos de presidentes, funcionarios, senadores y diputados no sean penalizados por ser proveedores del Estado.
Pero su planteamiento fue tumbado con una propuesta del senador Venerado Castillo (Hato Mayor-El Seibo), consistente en que ese artículo se quede tal como fue aprobado en la primera discusión, el pasado martes.
La finalidad de la normativa es garantizar el eficiente uso de los fondos públicos, así “una mayor satisfacción de las necesidades de interés general y de los derechos fundamentales de las personas, aplicando de manera transversal criterios que aseguren el desarrollo sostenible y fomenten el uso de la tecnología”.
- Entre los puntos principales, está el artículo 233 condena con uno a tres años de prisión a los funcionarios que falsifiquen sus declaraciones juradas para registrarse como proveedor o participar en contrataciones.
El 234 señala que: “El servidor o funcionario público que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación de un contrato, “será sancionado con pena de dos a cinco años de prisión, multa de veinte 20 a 50 salarios mínimos del sector público e inhabilitación para el ejercicio de cualquier función pública por un plazo no menor de cinco años”.
Soborno
En cuanto a los ciudadanos que ofrezcan sobornos a funcionarios a fin de beneficiarse con un proceso de compras en el Estado se fijan sanciones de hasta 10 años de prisión.
Con la ley se crea el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, dependiente de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para fijar las políticas y normas a todas las instituciones, así como la ejecución de los procedimientos de contratación y planificación en el Estado.
Además, establece que las instituciones deberán adquirir productos o servicios a través de una plataforma oficial en línea llamada “Tienda virtual”, siempre que los ítems estén disponibles allí. Y, solo podrán salirse con la autorización de la Dirección General de Contrataciones Públicas si demuestran que otro proveedor ofrece mejores condiciones.
A la gaceta oficial
Con el visto bueno en ambas cámaras, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo para la promulgación por parte del presidente Luis Abinader, bajo el nombre de “Ley de Contrataciones Públicas”. Esta abolirá la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones.
