El Senado declaró este martes de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley que modifica la Ley 80-24 sobre el Presupuesto General del Estado para el año 2025, que contempla una erogación total de 1,277,364,731,494 pesos.
La pieza incluye un aumento de apropiaciones de gastos por 69,740,209,013 pesos, distribuidos entre distintos ministerios y entidades del Estado.
En ambas votaciones, 21 senadores votaron a favor y tres en contra.
Presupuesto reformulado
Ahora el proyecto será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, explicó que se trata de un presupuesto reformulado, en el que se redistribuyen recursos de unas instituciones hacia otras, a diferencia de un presupuesto complementario que implica asignaciones adicionales de recursos.
Los beneficiados
De acuerdo con el proyecto, los ministerios y entidades que recibirán mayores recursos son: Obras Públicas (17,018 millones), Salud Pública (12,949 millones), Administración de Obligaciones del Tesoro (20,000 millones), Interior y Policía (5,473 millones), Ministerio de la Vivienda (3,900 millones), además de la Presidencia (3,000 millones), Defensa, Hacienda, Procuraduría, Junta Central Electoral y otros.
Defensas al proyecto
El senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao, defendió la iniciativa al considerar que la política “de varilla y cemento” es la forma más efectiva de generar riquezas mediante la construcción de obras.
Mientras que el senador Cristóbal Castillo exhortó a aprobar la pieza, señalando que de no reformularse el presupuesto se afectarían los más pobres porque quedarían sin servicios básicos.
Críticas de la oposición
Durante el debate en la sesión, los senadores de la Fuerza del Pueblo Eduard Espiritusanto y Omar Fernández cuestionaron la propuesta del Ejecutivo.
Espiritusanto afirmó que el presupuesto reformulado está “lleno de contradicciones”. Criticó las cifras oficiales de reducción de pobreza y denunció que el propio texto reconoce recursos excedentes en dependencias del Gobierno Central, sin especificar cuáles.
“Esa omisión constituye un serio problema de transparencia y evidencia la deficiencia en materia de ejecución presupuestaria. La ineficiencia se traduce en el deterioro progresivo de los servicios públicos, especialmente en la educación”, señaló.
Fernández advirtió que se están trasladando partidas sin precisar su destino, mientras las escuelas presentan “graves deficiencias”.
“Hay una contradicción, porque el Gobierno asegura que se cubrirá con excedentes de ejercicios anteriores, pero encontramos nueva deuda por 10,600 millones. Además, se habla de ingresos no recurrentes que en realidad son préstamos anteriores guardados en cuentas”, dijo.
El legislador señaló que, de los casi 70,000 millones contemplados, un 51 % será destinado a gasto de capital y un 49 % a pago de deuda y gastos corrientes.
