A pesar de que el plazo para declarar los patrimonios ante la Cámara de Cuentas venció el 16 de septiembre del 2024, seis diputados aún siguen sin transparentar sus bienes y sin ninguna consecuencia legal o administrativa, como se prometió que se haría contra los legisladores que incumplieran el mandato.
De acuerdo con el portal de la Cámara de Cuentas, hasta la actualización del domingo ocho de septiembre, los diputados Ángel María Sánchez (PRM), Carlos José Gil (Fuerza del Pueblo), Enriqueta Rojas (Fuerza del Pueblo), José Luis Rodríguez Hiciano (PRM), Melvin Alexis Lara (PRM) y Sergio –Gori- Moya (PRM) no habían depositado su declaración jurada y, por tanto, ya llevan un año de retraso para la presentación obligatoria de sus patrimonios.
Aunque la Ley sobre Declaración Jurada de Patrimonio, promulgada en el 2014, establece sanciones administrativas contra los funcionarios que sobrepasen el plazo para declarar sus bienes, ninguno de los diputados en atraso ha sido amonestado por su falta.
Promesa incumplida
En junio del 2025, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, precisó que alrededor de 34 diputados (en esa fecha) aún no habían declarado su patrimonio ante la Cámara de Cuentas y anunció que quienes incumplan el mandato de ley, no cobrarían su salario del mes de julio de este año.
Sin embargo, una revisión a la nómina de los diputados, publicada en el portal web de la Cámara Baja y correspondiente al mes de julio, evidencia que los cinco congresistas citados devengaron con normalidad su salario de 320,000 pesos, lo que deja claro que la advertencia de Pacheco no se cumplió.
La medida de Pacheco buscaba que el grupo de diputados se pusiera pronto al día con la publicación de sus patrimonios y, aunque la mayoría cumplió con el mandato tras la advertencia, todavía seis incumplen con la normativa y están un atraso ilegal.
“Este mes (junio) la nómina está lista y servida, para el mes que viene, sino han regularizado su declaración, le vamos a retener el pago”, alertó Pacheco en medio de una sesión en la que advirtió de la sanción administrativa.
La obligación
La Ley 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio, establece en el artículo cinco que los funcionarios públicos obligados a declarar tienen que presentar, dentro de los 30 días siguientes a su toma de posesión, la declaración jurada de los bienes que constituyen su patrimonio.
Tomando esa fecha como parámetro, todos los legisladores debieron presentar su declaración de patrimonio en septiembre del 2024, ya que fueron juramentados por cuatro años en sus cargos el 16 de agosto del 2024.
Por los constantes atrasos en la presentación de los patrimonios, la presidenta de la Cámara de Cuentas, Emma Polanco, revisó el formulario de la declaración jurada y lo adaptó en un formato “más ligero” para que los funcionarios cumplan con su obligación, pero advirtió que, si seguían incumpliendo, remitiría los atrasos a la Procuraduría General de la República, como la faculta la ley.
