El exvicepresidente ejecutivo de la extinta Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee), Rubén Jiménez Bichara, reaccionó escueto este domingo al acuerdo que permitió a Maxy Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina, devolver unos 3,000 millones de pesos al Estado por un desfalco a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), señalando que su opinión queda en segundo plano frente al convenio con el Ministerio Público.
“Ya él habló de ese acuerdo; lo que yo pueda decir, ya él habló. Ya él habló, y ahora toca esperar. Hay que esperar que eso siga su curso, pero ya él dijo lo que él había hecho de sus propias palabras. Mi opinión y la de otros ciudadanos queda a costa ya de lo que él dijo”, expresó Bichara tras salir de una asamblea de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Santo Domingo.
La breve y limitada respuesta del exfuncionario cobra relevancia por la posición de Bichara en el sector eléctrico durante los gobiernos del expresidente Danilo Medina y porque su nombre figura entre los señalados en la querella del 2021 que originó la investigación sobre las contrataciones realizadas en las EDE.
Sin embargo, el exfuncionario evitó un pronunciamiento de fondo sobre el polémico acuerdo o el alcance de las responsabilidades.
El acuerdo
El pacto de Montilla con el Ministerio Público, homologado por un juez bajo el criterio de oportunidad, ha sido criticado por sectores sociales y por los mismos peledeístas, que consideran que la entrega del monto sin consecuencias penales puede incentivar a futuro la corrupción en el Estado.
Aunque el acuerdo implica la entrega de 3,000 millones de pesos, la disolución de varias empresas eléctricas y la obligación de colaborar con la investigación, sectores políticos y sociales consideran que la suma es insuficiente frente a los montos denunciados y que no debe excluir la aplicación de sanciones penales.
El Ministerio Público establece en el documento que Montilla Sierra, investigado en el proceso contra Juan Alexis Medina Sánchez y compartes, utilizó las empresas como vehículo societario para participar en los procesos de contratación pública de forma fraudulenta y en violación a las normativas que regulan las contrataciones del Estado Dominicano, “logrando con ello adjudicaciones de forma ilícita en perjuicio del patrimonio público”.
El órgano acusador señala que durante el tiempo que lo hizo gozó de acceso a informaciones privilegiadas.
Esta situación obedeció, según las autoridades, a pérdidas derivadas de prácticas de competición y de “un manejo fraudulento” por parte de funcionarios públicos y contratistas.
“Desde ese momento, varios miembros de su entorno familiar y de confianza, tanto de manera directa como indirecta, aumentaron de forma sustancial su presencia e influencia en los procesos de compras y contrataciones del Estado, especialmente en áreas estratégicas como la energética, utilizando como plataforma la cercanía con el poder político”, establece el documento.
