La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que, mediante la Resolución núm. DGCP-44-2025-003701, dispuso “la cancelación y suspensión de oficio del Registro de Proveedores del Estado (RPE) de personas físicas y jurídicas condenadas y procesadas por delitos cometidos contra la Administración pública”.
El director general de la DGCP, Carlos Pimentel Florenzán, explicó que la medida “se fundamenta en las informaciones suministradas por la Procuraduría General de la República y en lo dispuesto por la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su Reglamento de aplicación, así como en la Ley núm. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo”.
Pimentel agregó: “Con esta resolución reafirmamos nuestro compromiso de garantizar la integridad del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, fortaleciendo los controles y asegurando que ningún proveedor condenado por corrupción pueda beneficiarse de los recursos del Estado”.
Cancelación definitiva
La DGCP dispuso “cancelar de oficio el RPE de personas físicas y jurídicas condenadas con acuerdo homologado”.
Entre los registros anulados figuran Comercial Viaros, Rogama, SRL, Divamor Group, SRL, Ropalma, SRL, Abastesa, SAS, Constructora Morel Grullón y Asociados, SRL, Espacio & Arquitectura, SRL, Optumus, EIRL, así como los de Cesarion Morel Grullón, Francisco Pagán y Víctor Matías Encarnación Montero.
Suspensiones preventivas
La resolución también ordena “suspender de oficio el RPE de personas jurídicas que tienen entre sus socios o directivos a personas físicas o jurídicas condenadas”.
En esta categoría aparecen compañías como Domedical Supply, Fuel American Inc, General Supply Corporations, Wattmax Dominicana, SRL, United Suppliers Corporation, SRL, Ichor Oil y Constructora Alcántara Bobea (Conalbo).
Asimismo, el documento menciona empresas vinculadas a procesados por corrupción. En el caso de Juan Alexis Medina Sánchez, figuran “Comercial Matex, SRL, RNC 101848367 y RPE 2165; Valle de Comatillo, SRL, RNC 131086063 y RPE 44989; Veintisiete 328, SRL, RNC 131360068 y RPE 60982”.
En el de Lisandro José Macarrulla Martínez, se incluyen “Sociedad de Gestión de Desarrollo Turístico, SA, RNC 101771242 y RPE 1609; Condi, SRL, RNC 101633591 y RPE 45860”.
Respecto a Rigoberto Alcántara Batista, la resolución cita “Inversiones Ecoturísticas Hotel Maguana, SRL, RNC 118012197 y RPE 18451; Constructora Alcántara Sabala Conalsa, SRL, RNC 131140998 y RPE 47649”.
Alcance de la medida
La DGCP señaló que “los proveedores con estatus de ‘cancelado’ no podrán volver a contratar con el Estado, mientras que los ‘suspendidos’ quedan inhabilitados de manera temporal hasta que concluya el proceso judicial correspondiente”.
El órgano rector concluyó que “con esta acción, la DGCP busca enviar, una vez más, un mensaje a la ciudadanía y a los actores del mercado público: la contratación pública debe ser un espacio de transparencia, integridad y respeto a la ley, libre de proveedores involucrados en actos de delitos contra la Administración pública”.
