El bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció este martes que en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) se configuró un supuesto fraude que rondaría los 20,000 millones de pesos y exigió que se practique una auditoría a los fondos de la institución desde el año 2018.
Según la bancada opositora, Senasa habría operado con una contabilidad duplicada, presentando facturas con valores alterados en el sistema de seguridad social. En algunos casos, según plantearon, facturas que en la práctica eran de montos elevados se registraban con cifras muy por debajo, lo que generó pérdidas millonarias.
El vocero del PLD en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, sostuvo que este esquema irregular constituye una “mega corrupción” para el actual gobierno que dirige el presidente Luis Abinader que “golpea de manera directa a los más pobres, quienes dependen del seguro para recibir consultas, medicamentos y servicios de alto costo”.
El miembro del Comité Político aseguró que la falta de pagos a los prestadores de salud dejó en desamparo a miles de familias vulnerables, mientras el Gobierno tuvo que apropiar recursos adicionales de los trabajadores para sostener la institución.
Sanciones penales
El legislador precisó que el Ministerio Público debe ir más allá de una investigación administrativa y presentar imputaciones que conduzcan los expedientes a los tribunales y que, en consecuencia, generen condenas penales por el caso.
“Se está jugando con la salud de los pobres y eso avergüenza a todos los dominicanos”, manifestó al advertir que el esquema de corrupción habría beneficiado a cadenas privadas de farmacias que, en cuestión de pocos años, pasaron de tener pocos locales a expandirse a alrededor de 300 en todo el país.
Para el PLD, esa expansión está vinculada directamente al manejo irregular de los fondos de Senasa y requiere que las indagatorias alcancen a los sectores privados que se beneficiaron.
Órganos de control
El bloque de legisladores reiteró que la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y otros órganos de control deben auditar los recursos de Senasa desde 2018 para establecer responsabilidades.
“El país necesita respuestas claras, porque se trata de un escándalo que compromete no solo recursos públicos, sino la vida de quienes no tienen otra forma de acceso a la salud”, subrayó el bloque peledeísta al llamar a las autoridades a actuar con celeridad.
