El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) expresó este miércoles algunas objeciones al proyecto de ley sobre la libertad de expresión y difusión del pensamiento, señalando que el texto contiene “contradicciones graves” entre sus principios proclamados y los mecanismos de control que propone.
El presidente del gremio, el abogado Trajano Potentini, expresó que uno de los puntos más críticos es la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), un órgano autónomo adscrito al Ministerio de Cultura, que asumiría las funciones de regulación, fiscalización, sanción y suspensión de transmisiones de medios, tanto tradicionales como digitales.
Para el gremio, esta estructura “representa una amenaza directa” a la libertad de expresión, al centralizar en un solo organismo atribuciones que calificó como excesivas y que, a su parecer, podrían derivar en censura indirecta.
Además, Potentini aseguró que su conformación dependería exclusivamente del Poder Ejecutivo y el Senado, sin incluir representación de la sociedad civil, lo que pondría en entredicho su independencia institucional.
Las sanciones
El CARD también alertó sobre el régimen sancionatorio establecido en el proyecto, al que calificó como “severo y desproporcionado”.
Las infracciones consideradas “graves” podrían dar lugar a sanciones como la suspensión de transmisiones por hasta 90 días, eliminación de contenidos y multas que oscilan entre 30 y 200 salarios mínimos. Este marco legal, según sus observaciones, permitiría al Inacom “silenciar o retirar del mercado a un medio de comunicación, afectando su audiencia, posicionamiento digital y sostenibilidad como empresa periodística”.
Sin conceptos claros
Otro aspecto cuestionado por el presidente del Colegio de Abogados es el uso de conceptos jurídicos “vagos y abiertos” en el texto del proyecto, como “violencia desmesurada” o “contenido ofensivo a la dignidad humana”, que, según dijo, carecen de definiciones precisas y pueden facilitar interpretaciones arbitrarias.
Esta ambigüedad, advirtió el gremio, podría ser utilizada para justificar medidas restrictivas o represivas contra medios de comunicación y periodistas disidentes, al amparo de criterios morales, religiosos o políticos.
Las plataformas
Las observaciones del CARD también ponen énfasis en lo que consideran una regulación excesiva sobre plataformas digitales, que incluiría requerimientos detallados como la obligación de publicar en español las políticas de uso, explicar sus reglas de moderación, justificar cualquier cambio o restricción de contenido y notificar a los usuarios sobre estas decisiones.
Además, el proyecto exige transparencia en el funcionamiento de los algoritmos y códigos fuente, así como en la entrega de reportes semestrales sobre todas las moderaciones realizadas, incluyendo aquellas por solicitud gubernamental.
Estas medidas, en opinión del CARD, “imponen cargas burocráticas innecesarias” que podrían obstaculizar la innovación tecnológica y vulnerar principios como la neutralidad de la red.
Vistas públicas
En ese sentido, los abogados entregaron un informe al Senado con todas las observaciones y pidieron que se organicen unas vistas públicas para debatir el proyecto más ampliamente.
