La falta de sanciones efectivas de la Junta Central Electoral (JCE) frente a los partidos que realizan proselitismo fuera de tiempo crea un escenario de “impunidad electoral” que erosiona la democracia y permite la continuidad de las campañas adelantadas, advirtió este lunes la coordinadora de Participación Ciudadana, Leidy Blanco.
Después de presentar un informe sobre la situación partidaria y electoral a una comisión de diputados, Blanco advirtió que la falta de sanciones por parte de la JCE genera un escenario que calificó como “impunidad electoral”, comparable con la impunidad en materia de corrupción.
“La impunidad también se da en la medida en que las normas del juego no son acatadas, pero no solamente no son acatadas, sino que el órgano que le corresponde, que es el órgano rector del proceso electoral, pues le corresponde actuar”, expresó.
Recordó que la JCE ha hecho advertencias reiteradas a los partidos, pero con poca consecuencia.
Aunque reconoció que las sanciones contempladas por la ley son limitadas, destacó que la aplicación de las medidas contra los partidos es necesaria para sentar precedentes.
“Si las sanciones son 100 pesos, entonces hay que aplicar esos 100 pesos”, expresó.
Además, expresó que la sociedad dominicana “está cansada” de que los partidos se mantengan en campaña permanente, una práctica que, a su juicio, erosiona la democracia al incumplir la ley electoral sin consecuencias clara.
Blanco afirmó que la JCE “tiene las herramientas que le da la ley” y debe aplicarlas no solo contra un partido en específico, como recientemente ocurrió con la intimación a la organización Camino Nuevo para retirar sus vallas, sino contra todos los que incurren en proselitismo prematuro, incluyendo al oficialismo y a la oposición.
El Pleno de la JCE advirtió al Partido Revolucionario Moderno (PRM), a través del acto de alguacil número 674/2025, que detenga la campaña a destiempo en la que incurren varios políticos de la organización en “un hecho manifiestamente notorio”.
Mientras que, a través de otro acto de alguacil, el pleno comicial otorgó un plazo de cinco días al partido Camino Nuevo para retirar todas las vallas de la ciudad donde promocionan una posible candidatura presidencial del senador Omar Fernández, de la Fuerza del Pueblo.
“Eso es una campaña a destiempo, ahora mismo ni siquiera tenemos un proceso electoral abierto, entonces obviamente eso disrumpe lo que es la calidad de la democracia en la medida en que no cumplimos con la norma. Le corresponde a la Junta Central Electoral actuar”, sostuvo.
Una práctica vieja
La representante de la organización señaló que la campaña a destiempo no es un fenómeno nuevo, sino una práctica recurrente en la que, a su juicio, los partidos de gobierno utilizan todas las para perpetuarse en el poder, mientras que los partidos de oposición y los minoritarios buscan visibilizar nuevos liderazgos “mucho antes de los plazos legales”.
En ese sentido, en vez de enfocarse en campañas extemporáneas, Blanco instó a los partidos políticos a trabajar en favor del país y llamó al oficialismo en enfocarse en dar respuestas a las necesidades básicas de la población y a la oposición le recomendó cumplir con su deber de contrapeso.
El caso del oficialismo
Blanco destacó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que actualmente gobierna, ya cuenta con más de diez aspirantes presidenciales que realizan proselitismo adelantado, lo que, a su juicio, profundiza la percepción de que se ha instalado una campaña fuera de tiempo en todo el escenario político.
“La sociedad dominicana está harta. Lo que quiere es respuesta a los problemas nacionales. Y eso le corresponde no solo al partido oficial, sino también a la oposición. Lo que se requiere es responsabilidad y fortalecimiento de los partidos, y que la Junta Central Electoral actúe en consonancia, aunque la norma tenga deficiencias”, concluyó.
JCE intima al PRM por proselitismo electoral a destiempo y advierte sanciones
Sanciones claras
El diputado Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) consideró que la ley electoral vigente contempla sanciones claras y que la JCE, como órgano rector y supervisor del sistema de partidos, tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de las normas y velar por la transparencia del proceso político.
De su lado, el diputado Rafael Castillo, quien es vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara Baja, cuestionó la actuación de la JCE y la calificó “blanda” frente a las reiteradas violaciones del partido oficialista.
A su parecer, cada vez que un precandidato del PRM se desplaza por el país, lo hace acompañado por la estructura estatal, lo que constituye “un uso de recursos públicos en actividades proselitistas”.
