Desde hace 15 años, la República Dominicana espera una ley que permita a la ciudadanía ejercer plenamente los derechos de participación social y política contemplados en la Constitución desde 2010. Entre ellos se encuentran las facultades para presentar propuestas legislativas, participar en las decisiones del ayuntamiento y aprobar o rechazar reformas a la Carta Magna.
Más de una década después —y tras dos reformas constitucionales—, las propuestas continúan estancadas en el Congreso Nacional, sin el estímulo ni la atención necesarios para ser aprobadas en ambas cámaras.
Actualmente, hay dos proyectos en el Congreso encaminados a llenar ese vacío. Se trata del Proyecto de Ley Orgánica sobre Derechos de Participación Ciudadana y sus Dispositivos de Control Social, en la Cámara de Diputados, y otro más enfocado en el derecho al referendo, en el Senado de la República.
El pasado jueves 18 de septiembre se celebró la última reunión de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara Baja, en la que se recibió el informe de la Oficina Técnica de Revisión Legislativa sobre la iniciativa.
Para el presidente de la comisión y proponente del proyecto, Pedro Martínez Moronta, se trata de una disposición de vital importancia para la nación. Afirmó que la pieza avanza lento, pero que buscan realizar un proceso de estudio meticuloso, en el que se consulten los principales sectores de la sociedad.
“Este proyecto no va tan rápido y no va a ir tan rápido porque es un proyecto complejo, es una ley orgánica, que requiere que se consulte a una determinada cantidad de instituciones”, expresó el legislador.
Ánimo
Temas controversiales como la despenalización del aborto y la reforma a la Constitución de octubre del año pasado podrían conocerse de acuerdo con las prerrogativas que contempla la pieza. También pudo haber sido aprobada por este mecanismo.
Al hablar sobre la posibilidad de que sea aprobado en esta legislatura, el diputado aseguró que la comisión ha expresado su decisión de trabajar en ese sentido, pero que su agilización dependerá de la voluntad política.
Este proyecto representa una reserva constitucional que, según Martínez, mejoraría significativamente los niveles de institucionalidad y democracia en el país.
Una de las trabas que han enfrentado proyectos de esta naturaleza en el pasado es precisamente que su implementación implicaría cambios profundos en la estructura institucional del Estado.
En la Cámara Alta, los senadores Julito Fulcar y Pedro Tineo reintrodujeron su proyecto el pasado 18 de agosto (dos días después del inicio de esta legislatura). El 19 de agosto fue enviado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, misma en la que perimió al término de la Segunda Legislatura Ordinaria de 2024.
La primera vez que el tema del referendo fue propuesto como un mecanismo consultivo para sondear la posición de la población ante un tema en debate en la República Dominicana fue en el año 2021, cuando el presidente Luis Abinader planteó que las tres causales para abortar sin consecuencias penales fueran sometidas a una consulta popular.Poco después, en marzo de ese mismo año, el Poder Ejecutivo depositó en la Cámara de Diputados el proyecto de una ley orgánica de referendo consultivo que se ha mantenido en un vaivén legislativo y que no ha logrado su aprobación, a pesar de contar con un informe que recomienda su sanción en segunda lectura.
Mecanismos de participación y control social
En cuanto a la democracia directa, la propuesta del diputado Pedro Martínez recoge mecanismos como la iniciativa legislativa popular, que permite a los ciudadanos proponer leyes; el referendo, para aprobar o rechazar normas mediante votación popular; y el plebiscito, para consultas vinculantes sobre decisiones de alto interés nacional. Estos instrumentos refuerzan el poder ciudadano en la deliberación pública.
Asimismo, los dispositivos de participación ciudadana incluyen el acceso a la información pública, las vistas públicas, el derecho de petición, las consultas populares, los cabildos abiertos, los presupuestos participativos y la iniciativa normativa municipal.
En el ámbito del control social, el proyecto establece mecanismos a través de los cuales la ciudadanía puede ejercer una supervisión activa sobre la gestión pública. Entre ellos se encuentran las veedurías ciudadanas, que permiten fiscalizar la administración estatal; las comisiones de auditoría social, encargadas de monitorear la ejecución de obras públicas; los observatorios sociales, que realizan análisis y seguimiento de fenómenos de interés público; así como las demandas en rendición de cuentas y las denuncias de faltas administrativas contra funcionarios.
